BRASILIA―. La causa judicial del argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido en Minas Gerais desde el 25 de mayo bajo la acusación de racismo, acumuló un nuevo revés. El juez Renan Bueno Ribeiro, del Juzgado Penal de la Infancia y la Juventud de São João del-Rei, rechazó otra vez el pedido de revocación de la prisión preventiva que había presentado la defensa del santiagueño de 63 años.

Murias fue detenido tras un episodio ocurrido a bordo del tren turístico María Fumaça, que une las localidades históricas de São João del-Rei y Tiradentes. Pasajeros del vagón alertaron a la madre de un niño de siete años de que el argentino fotografiaba y filmaba al menor sin autorización. Al revisar su teléfono, la familia encontró mensajes de WhatsApp en español en los que el imputado aludía al color de piel del niño y sugería “llevarlo como esclavo”. La Policía Civil de Minas Gerais lo detuvo en flagrancia por injuria racial.

El nuevo rechazo del pedido de revocación de la prisión preventiva, fechada el 8 de junio y dictada en el marco de un expediente que se tramita bajo secreto de sumario, ratifica la detención al considerar que se mantienen intactos los fundamentos que la motivaron: la gravedad de la conducta imputada, el riesgo de reiteración delictiva y, sobre todo, el peligro de fuga. En este último punto, el juez fue categórico: la condición de extranjero de Murias, quien no tiene vínculos laborales, familiares ni residencia en Minas Gerais, constituye un fundamento suficiente para mantenerlo tras las rejas.

Sin embargo, la misma resolución contiene un reconocimiento implícito de la situación de vulnerabilidad que denuncia la defensa. En el cierre del fallo, el juez ordenó al director del Presidio Regional que gestione la realización de un examen de cuerpo del delito sobre el detenido para documentar posibles lesiones y que adopte las medidas necesarias para su traslado de celda, a fin de resguardar su integridad física.

El pedido de revocación presentado por el abogado penalista Ciro Chagas se apoyaba, en parte, en las condiciones de detención de su representado. La semana pasada, en un recurso judicial de urgencia, la defensa había denunciado que Murias fue víctima de agresiones físicas en el interior del penal y que las propias autoridades carcelarias habían reconocido no poder garantizar su seguridad.

El magistrado desestimó que esas circunstancias constituyeran motivo suficiente para revocar la detención. Para Chagas, esa conclusión resulta difícil de comprender. “Lo que intriga a la defensa es el destino dado a tanto empeño: concluir que ‘no hubo alteración en el cuadro fáctico’ exactamente después de que nuestro cliente, preso y bajo la tutela del Estado, fue agredido dentro del presidio”, afirmó el letrado en una declaración enviada a LA NACION. “Por lo visto, ser agredido bajo custodia estatal no fue considerado hecho nuevo.”

El abogado advirtió además una llamativa actividad judicial en torno al expediente: en pocos días, el tribunal emitió tres pronunciamientos sobre los mismos hechos, el último de ellos, con medidas ordenadas de oficio. “Confiamos en que los tribunales superiores pondrán en el derecho de nuestro cliente a la integridad física -y en el debido proceso- el mismo empeño que demostraron en otros aspectos de la causa”, concluyó Chagas.

La defensa planteó también que las conductas imputadas no configuran delito en Brasil, argumentando que la injuria racial exige que la ofensa sea pública, mientras que los mensajes de WhatsApp constituían conversaciones privadas. El juez no abordó el fondo de esa discusión, limitándose a mantener la preventiva.

Ante el rechazo, la estrategia legal del argentino se proyecta hacia instancias superiores. Los abogados aguardan que se resuelva un hábeas corpus presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Brasilia, la máxima instancia de la justicia ordinaria del país, donde Chagas pidió la liberación de su cliente o, subsidiariamente, su traslado a un establecimiento con condiciones de seguridad adecuadas o la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

En paralelo, la defensa espera que el Tribunal de Justicia de Minas Gerais evalúe el fondo del hábeas corpus ya presentado en esa instancia, donde planea impugnar la legalidad de la prueba principal: sostiene que el teléfono de Murias fue revisado sin autorización judicial, lo que configuraría un vicio de origen en la investigación.

La decisión fue recibida con satisfacción por Gilberto Silva Pereira, abogado de la familia de la víctima. El letrado consideró que el fallo “encuentra sólido amparo en la legislación brasileña” y que “demuestra que Brasil posee legislación firme contra los delitos de racismo”. Más allá de la esfera penal, la familia promoverá acciones civiles por daños morales. El niño ya se encuentra con seguimiento psicológico. Sus familiares reportan angustia, tristeza, alteraciones conductuales y trastornos del sueño, según Silva Pereira.

Murias había llegado a Brasil como turista y tenía previsto regresar al país el 30 de mayo. Lleva ya dos semanas detenido, y su situación legal no tiene horizonte de resolución a corto plazo.

El caso se desarrolla en un contexto que los propios abogados del santiagueño reconocen como desfavorable. La acumulación de incidentes de racismo protagonizados por argentinos en Brasil -entre los que resuenan el de la abogada Agostina Páez, quien pasó casi tres meses sin poder abandonar Río de Janeiro, y el del platense José Luis Haile, detenido en Copacabana por insultar a una empleada de supermercado- generó una alta sensibilidad pública y judicial en torno a la nacionalidad del imputado.