El Sindicato de Productores y Comercializadores de Oro de Colombia lanzó esta semana un comunicado en el que denuncia el contrabando de oro. Incluso, señala como cómplices a las entidades llamadas a controlar el negocio del oro: la Agencia Nacional de Minería (ANM), la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía y la Policía Nacional.

Según la asociación, el contrabando de oro hacia Caracas se ha convertido en una vía para lavar dinero proveniente de criptomonedas como el USDT, que termina comprando oro de forma ilegal en territorio colombiano.

El sindicato advierte que esta dinámica afecta directamente la cadena de producción y comercialización del oro legal, le pone freno a años de esfuerzo en formalización minera y golpea los procesos de bancarización que tanto le ha costado al sector construir.

“Si bien vienen permeando con sus estructuras sofisticadas por la vasta frontera de Colombia con Venezuela, el destino final del oro es Medio Oriente, especialmente Turquía y Dubái. Estas estructuras están completamente identificadas en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá”, se lee en el comunicado.

Cuentan que este contabrando impacta las regalías mineras, ya que cuando el oro sale de contrabando, esos recursos que deberían llegar a las alcaldías y gobernaciones se pierden o se desvían, dejando a comunidades mineras sin parte de lo que les corresponde por ley.

“Tras meses de zozobra y angustia por parte de mineros de subsistencia, mineros ancestrales y barequeros, asociaciones y cooperativas de mineros, S.A.S. comercializadoras internacionales y zonas francas dedicadas a la comercialización internacional de metales preciosos, se evidencia cómo en noviembre del año 2025 volvió a resurgir y crecer el comercio formal gracias al cierre del espacio aéreo comercial venezolano impuesto por Estados Unidos, que paralizó totalmente el contrabando de oro”, se lee en el texto.

Agregan: “Asimismo, llegó el fin de año y hubo sorpresa cuando, en la intervención en Caracas del 3 de enero, se terminó prolongando el cierre hasta la Semana Santa”.

Según las denuncias, marzo y abril fueron meses de ardua labor política y comercial en busca de hallar un equilibrio en la balanza comercial del oro para ambos países; pero todos estos esfuerzos fueron insuficientes para minimizar y erradicar el contrabando que tanto nos afecta en el comercio formal colombiano.

“Por meses hemos sido pacientes, salvaguardando el derecho al trabajo y respetando las dinámicas propias del comercio binacional; pero este es el momento de hacer un llamado para que colaboradores de ambos países tomen la sana decisión de no continuar auspiciando este contrabando en contra del sector formal, sacrificando el empleo y el sustento de tantas familias en Colombia”, advirtieron.

Por eso, hicieron un llamado de atención y advertencia única a las estructuras y líderes en Venezuela, en Medio Oriente y a todos sus colaboradores en Colombia, para que cesen sus operaciones de contrabando de oro en Colombia.

“De lo contrario, se tomarán vías de hecho y se expondrán públicamente sus ubicaciones, rutas, nombres y fachadas comerciales ante las autoridades. Finalmente, habrá una guerra frontal con consecuencias como la privación de la libertad, extinción de dominio y grandes pérdidas de capital y material”, dijeron en el comunicado.

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Fuentes del sector consultadas por EL COLOMBIANO explicaron que las estructuras operan con sofisticación en la frontera con Venezuela, pero el destino final del metal está mucho más lejos, Oriente Medio, especialmente Turquía y Dubái.

Las ciudades donde estas redes están plenamente identificadas, según el sindicato, son Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá. Desde cualquiera de ellas, el oro viaja por carretera hasta Cúcuta y cruza la frontera hacia San Antonio del Táchira.

De ahí, el metal sigue por vía terrestre hasta Caracas. En la capital venezolana sale en un vuelo de Turkish Airlines que opera todas las noches hacia Estambul, y desde allí continúa hasta Dubái, donde compradores ya identificados reciben la mercancía sin mayores trabas aduaneras.

Comercializadores consultados, que pidieron proteger su identidad por razones de seguridad, explican que el oro sale de Venezuela con documentación irregular, lo que en el sector se conoce como “facturas chimbas”. En varios casos, el metal viaja literalmente en las maletas de pasajeros contratados para el trayecto, a quienes se les paga una suma cercana a los 500 dólares por cruzar con varios kilos a través del aeropuerto de Maiquetía.

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Hay un dato que confirma que el contrabando responde directamente a la disponibilidad de rutas aéreas. Por ejemplo, en noviembre de 2025, Estados Unidos cerró el espacio aéreo comercial venezolano, lo que paralizó por completo la salida de oro ilegal y permitió que el comercio formal volviera a crecer en Colombia.

Ese respiro, sin embargo, fue temporal, ya que tras una intervención en Caracas el 3 de enero, el cierre se prolongó hasta Semana Santa, lo que, según el sindicato, ayudó a sostener un poco más esa recuperación del mercado legal.

El impacto ya se siente en los volúmenes que mueven los exportadores formales. Por eso, fuentes del gremio describen una caída sostenida desde comienzos de año, con semanas en las que apenas logran recoger 10 kilogramos de oro, frente a los más de 50 kilogramos semanales que movían antes de que el contrabando se intensificara.

La estimación que circula entre comercializadores es que más de una tonelada de oro sale mensualmente del país por esta vía hacia Venezuela. Si se multiplica ese volumen por el valor promedio de la regalía que se paga por gramo extraído legalmente, la cuenta arroja pérdidas significativas para el fisco y para los municipios productores.

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Una de las claves que explica por qué los mineros de subsistencia y los barequeros le venden a las redes informales en lugar de a los comercializadores legales está en el precio.

Mientras el mercado formal colombiano paga entre el 90% y el 93,5% del precio internacional del oro, para cubrir trámites de exportación y costos asociados, las redes que llegan con dinero desde Venezuela ofrecen entre el 96% y el 96,5%.

Ese diferencial se sostiene porque el dinero entra como criptomoneda o efectivo, sin pasar por el sistema financiero formal.

Según relatan comercializadores de la región, los compradores venezolanos llegan a oficinas en zonas mineras como el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el Chocó con bolsas que contienen entre 2 y 10 millones de pesos en efectivo, que reparten en la mañana y recogen en oro durante la tarde.

El reclamo más incómodo del comunicado, y el que más frustración genera entre los comercializadores legales, es la sensación de que las autoridades miran hacia otro lado. Fuentes del sector aseguran que han alertado en varias ocasiones a la DIAN, a la UIAF y a la Policía Nacional, y que la respuesta institucional ha sido que, sin pruebas contundentes, no hay forma de actuar.

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