Por Leslie Shica

Nos encontramos a puertas de un nuevo quinquenio y resulta una gran responsabilidad de quienes están interesados en dirigir la nación lograr construir un Perú más sólido a partir de la experiencia, con prospectiva y, sobre todo, reconociendo una realidad resiliente.

Si bien existen diversos sectores neurálgicos que requieren atención prioritaria, es el desarrollo social, a partir de la inclusión, el que logra hacer coincidir los servicios y las prestaciones que la comunidad requiere. Así, durante la gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reconocimos que estábamos en un momento de transformación. Es un hecho que procedemos de una era en la que las transferencias monetarias fueron el oxígeno que mantuvo a millones a salvo de la asfixia de la pobreza extrema. En ese contexto, el Perú logró reducir la pobreza de 48% a 24%, fundamentalmente por programas como JUNTOS, de transferencia condicionada. Sin embargo, este miércoles nos corresponde hablar de algo más ambicioso que el alivio: la liberación económica.

Las transferencias monetarias no pueden ser un destino; deben ser el combustible para el despegue. En el Perú del 2026, hemos entendido que la verdadera inclusión social no es solo poner recursos en manos de los más vulnerables, sino herramientas para que puedan generarlos por sí mismos.

En el periodo al frente del sector, recorrimos nuevamente el diverso territorio peruano, llevando más que transferencias: activos productivos. A través de Mi Emprendimiento Mujer, invertimos 17 millones de soles y transformamos a socias de ollas comunes y comedores populares en dueñas de su propio destino. Esto significa que más de 2.600 mujeres son capaces de operar hornos industriales, máquinas de confección y equipos especializados. Vale decir que estamos pasando de la economía de subsistencia a la microempresa gastronómica y textil. Por esa esencia, lo llamamos “trascender a las transferencias” para convertir la red de protección social en una plataforma de impulso y promoción empresarial.

El nuevo gobierno recibirá un sector de desarrollo e inclusión social cuyo presupuesto asciende a 7.584 millones de soles, pero esa cifra no es la que importa, sino el enfoque. El 96% de dicho recurso está blindado para los programas sociales a partir de una nueva medición: el éxito será la cantidad de usuarios que salen de la pobreza, no la de quienes ingresan al padrón.

El programa JUNTOS ya no solo monitorea salud y educación; ahora impulsa autonomía mediante el acompañamiento productivo. Así, a nivel nacional, más de 9.000 usuarias ya cuentan con emprendimientos activos gracias a sus capacidades para lograr autonomía económica.

A través de FONCODES, se promovió la inversión en infraestructura básica y competencias técnicas para proyectos productivos, lo que benefició a hogares con emprendimientos con más de 224 millones de soles. Esto logró una articulación territorial con los usuarios de las zonas rurales del programa PAIS, que acerca servicios del Estado a las comunidades.

Este miércoles, el sector cuenta también con una versión mejorada del desarrollo infantil temprano gracias a la aprobación de la Política de Desarrollo Infantil Temprano, que pone en el centro de la política pública al sujeto de derecho y lo protege desde su concepción. Así, convergen las intervenciones entre JUNTOS y CUNA MÁS, y el programa CONTIGO es transversal para las personas con discapacidad severa. Siguiendo con el ciclo de vida, en la etapa escolar se cuenta con un nuevo modelo del Programa de Alimentación Escolar PAE, donde ya no hay espacio para intenciones perversas y se garantizan los procesos con presencia permanente de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Consecuentemente, al llegar a la adultez mayor, también está presente en PENSIÓN 65 la gestión de emprendimientos para una vejez digna y activa. De esa manera, se debe reconocer que el mundo enfrenta una fatiga de las políticas asistencialistas. La delincuencia organizada y la desigualdad social se alimentan de la falta de oportunidades económicas. Por eso, la propuesta es que el Perú encuentre un centro estable en el desarrollo de la autonomía económica, a través de una gestión que se allana a la transparencia, descentraliza presupuesto y entiende que el Estado debe ser el primer inversor de riesgo de sus ciudadanos más pobres.

Resulta necesario que, tras interiorizar lo descrito y apostar por la nueva medición de la pobreza con criterio multidimensional, en los siguientes cinco años nos alejemos de lo asistencial y reforcemos la promoción de emprendimientos para la autonomía económica, con la finalidad de que el legado no sea cuántos bonos se entregaron, sino cuántas familias se alejaron de la pobreza bajo un nuevo contrato social.