Frente a la escasez de alimentos y medicinas en Cuba, la aprobación en cuestión de días de un nuevo paquete de reformas económicas ha encendido un debate sobre sus alcances.

Por un lado, se interpretan como una respuesta obligada de supervivencia para proteger la soberanía de la isla ante el endurecimiento del bloqueo estadounidense.

Al mismo tiempo, voces críticas advierten que son reformas que llegan al menos 25 años tarde a un país donde ya “no hay economía sobre la cual hacer esas reformas”.

El 17 de junio, ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, el presidente Miguel Díaz-Canel justificó la decisión: “la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”.

Ese día, frente a la élite política que controla el país, enumeró las medidas impuestas por Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, en contra de la isla  y presentó los cambios como una reforma estructural profunda que dará más autonomía a las empresas estatales, fomentará la inversión extranjera y buscará integrar a las pequeñas empresas privadas en el desarrollo nacional.

Enfatizó la necesidad de eliminar trabas burocráticas para impulsar la producción de alimentos y el comercio exterior, y subrayó que el plan prioriza la digitalización de los servicios públicos, así como la sustitución de subsidios generales por apoyos directos a grupos más vulnerables.

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Después, en el Palacio de Convenciones de La Habana, ante los diputados, Díaz-Canel lanzó una llamada de emergencia nacional para hacer frente a lo que calificó como las horas “más difíciles de este siglo”. Y admitió las carencias, la falta de medicamentos y alimentos, y el impacto que tienen los largos apagones en las familias.

Por si fuera poco, el presidente cubano convocó a la inversión extranjera; en especial, invitó a “su casa” y “con la puerta abierta” a las personas cubanas que viven fuera.

El anuncio ha generado reacciones encontradas, entre quienes —como Hilda Landrove— ven una decisión tardía que no modificará nada de fondo porque no toca el poder político de la élite, y quienes —como Olivia Garza— lo califican como una respuesta que, si bien pudo haberse concretado antes, busca mantener la soberanía de Cuba ante Estados Unidos.

Animal Político conversó con Landrove, investigadora y promotora cultural cubana radicada en México, y con Garza, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”.

En medio de la crisis agravada por el bloqueo de combustible y los apagones de más de 24 horas, Olivia Garza, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, admite en entrevista que la población cubana está cansada y molesta.

Asegura que los cubanos reconocen como el principal causante de la crisis al gobierno de Estados Unidos, tanto del bloqueo económico que tiene varias décadas como de la agudización de la presión de Donald Trump en este año. Sin embargo, admite que no se pueden dejar a un lado los “errores que también ha cometido el gobierno (cubano)”.

La activista destaca que algunos cambios ya estaban contemplados desde la modificación constitucional de 2019, pero “no se implementaron del todo bien o no se dio una apertura mayor, quizá no le dieron la velocidad que debían”.

Aunque Olivia acepta las fallas internas, recuerda que Estados Unidos le cortó a Cuba, por completo, la entrada de petróleo desde finales de enero de este año y está atacando cualquier forma en que el país pueda obtener recursos, desde el turismo hasta las misiones médicas.

Para ella, se trata de una estrategia para matar de desesperación a la población cubana.

“Lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba es un genocidio, no con bombas, pero sí con todo tipo de penurias”.

—¿Es el fin de la Revolución? —se le pregunta.

—No, esa es la aspiración y lo que llevan soñando 67 años…

Olivia minimiza las protestas que han ocurrido en distintos puntos del territorio cubano y explica que justo el objetivo de EU es asfixiar a la isla y provocar que la gente desesperada se levante contra el gobierno.

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“Por supuesto que la gente está molesta, pero además una característica del cubano, por idiosincrasia, es que siempre ha sido crítico. Viviendo en estas situaciones por supuesto que sí está molesto y en algún momento ha habido algunos cacerolazos, pero son dispersos”.

Olivia asegura que se está apostando a un desgaste para ver si se genera algo similar al 11 de julio, como en el 2021, cuando miles de cubanos protestaron en las calles para exigir libertad y mejoras en sus condiciones de vida en unas 50 localidades.

La activista advierte, sin embargo, que si Estados Unidos intenta aprovechar esta debilidad para intervenir el país, se topará con una población dispuesta a defenderse y le generará un costo muy alto.

Para la mayoría de los cubanos, asegura, se trata de un tema de soberanía.

“Lo que está en juego, y el cubano lo tiene bien claro, no es tanto el capitalismo o socialismo, sino ser un país independiente y soberano o volver a ser una neo colonia”.

Olivia Garza tiene doble ciudadanía. Nació en México, pero es de ascendencia cubana. Comenzó a viajar a Cuba a partir de 1979 para cursar y completar su secundaria, después volvió a México para terminar sus estudios. Su madre, de nombre Yolanda, es originaria de Camagüey, en la región central de Cuba. La activista mantiene comunicación constante con su familia que aún reside en la isla.

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La asociación de la que Olivia Garza es vicepresidenta fue cofundada por su madre en 1979 con el objetivo principal de reagrupar a los cubanos que viven fuera de la isla, pero mantienen una postura de acercamiento hacia su país de origen, rescatar las raíces históricas y tradiciones.

Desde 2021, a raíz de la pandemia de Covid y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, sus labores se han enfocado también en campañas de ayuda humanitaria y solidaridad con Cuba.

Olivia Garza asegura que las recientes medidas del gobierno cubano no buscan complacer a los Estados Unidos, sino que son una respuesta obligada para hallar soluciones económicas desde dentro de Cuba.

Destaca como los puntos más importantes la promesa de eliminar trabas burocráticas, el impulso económico para incentivar la producción de alimentos y la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en la isla, algo que venía desde la Constitución de 2019.

Una de esas posibilidades era la de tener un mayor sector de pequeñas empresas,  ya aprobado desde la modificación constitucional, pero la pandemia y las trabas internas la paralizaron.

La investigadora Hilda Landrove, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que las propuestas del gobierno cubano llegan a destiempo: “son reformas tardías, que hubieran estado bien hace 20 o 25 años”.

La antropóloga explica que intentar aplicarlas ahora es inviable simplemente porque ya “no hay economía sobre la cual hacer esas reformas”.

Advierte que se trata de un intento de ganar tiempo con la idea de que están haciendo cambios, algo que el gobierno ya hizo en los años noventa o en 2008.

Hilda Landrove es también promotora cultural cubana radicada en México. Su trabajo académico se ha centrado en temas como la acción política en contextos cerrados, los movimientos políticos de los pueblos amerindios y las dinámicas de poder y el contrapoder a través de las disputas narrativas.

Mantiene un contacto estrecho con la isla, donde residen su familia y amigos. Hace unos meses, volvió a Cuba y pudo constatar la crisis de supervivencia que enfrenta la gente en su día a día, incluyendo los apagones de varias horas, la falta de agua, la escasez de alimentos y el problema del transporte.

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El problema de fondo, advierte, es que el gobierno cubano promete ajustes económicos, pero se niega a soltar el poder político. Subraya que estas medidas fracasarán porque no contemplan ningún tipo de cambio estructural en la política del país. En su opinión, Cuba requiere un cambio radical de sistema político, pero el gobierno está “atrincherado contra su propia población”.

La académica confirma que todos los días hay manifestaciones en Cuba, no muy grandes en volumen, pero sí se extienden en más puntos geográficos.

La investigadora advierte que las reformas no tocan a Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado manejado por las Fuerzas Armadas, un monopolio que domina la mayor parte de la economía del país.

Y explica que mientras el Estado se desentiende de sus funciones sociales básicas por la crisis, todo pasa a manos de Gaesa a través de pequeñas empresas.

Landrove pone un ejemplo con el gas para cocinar: el Estado dejó de venderlo a precios accesibles para la población, pero lo ofrece a casi 30 dólares a través de tiendas por internet vinculadas a Gaesa.

De esta manera, obligan a que sean los familiares en el exilio quienes paguen a este conglomerado militar para que la gente en Cuba pueda sobrevivir.