Las plantas de amoníaco proyectadas en Topolobampo, Sinaloa, y Lerdo, Durango, generan preocupación entre organizaciones ambientales, habitantes y especialistas. Aunque estos proyectos son presentados como impulsores del desarrollo industrial y la producción de fertilizantes, también implican riesgos asociados al manejo de sustancias altamente peligrosas.

En el caso de Topolobampo, las críticas se centran en la cercanía del proyecto con áreas de alto valor ecológico como la bahía de Ohuira; mientras que en Durango resaltan los riesgos asociados al manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, así como el elevado consumo de agua que requiere la producción de amoníaco y urea en una comunidad con crisis hídrica.

De acuerdo con diversos estudios científicos y organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el amoníaco puede causar afectaciones importantes a la salud cuando se encuentra en concentraciones elevadas, principalmente si las personas están expuestas sin equipo de protección adecuado a este químico.

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Una fuga de amoníaco puede provocar problemas respiratorios e irritación severa en los ojos y la piel, además de representar un riesgo para las poblaciones ubicadas cerca de las instalaciones industriales. “En muchos casos, las comunidades que habitan en las zonas aledañas terminan asumiendo los riesgos ambientales y de salud que generan estos proyectos, mientras que los beneficios económicos suelen concentrarse en actores que no necesariamente enfrentan las consecuencias de una posible emergencia”, asegura Brenda Jacobo, bióloga e integrante de la Red de Jóvenes Ambientalistas (RJA).

En materia ambiental, aunque las plantas no liberan grandes cantidades de amoníaco de manera constante —ya que esto representaría una pérdida de producto—, el principal riesgo radica en los accidentes o fallas operativas que puedan generar emisiones inesperadas, explica la bióloga.

“Una liberación accidental de amoníaco puede alterar gravemente los ecosistemas. Entre sus posibles efectos se encuentran la acidificación de suelos y cuerpos de agua, la deposición excesiva de nitrógeno y la alteración de cadenas alimentarias. También puede favorecer procesos de eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes en ríos, lagunas o esteros que provoca la proliferación descontrolada de algas y afecta el equilibrio natural de los ecosistemas acuáticos”, explica.

Además, Brenda Jacobo expone que existe un impacto menos visible pero igualmente relevante: las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) asociadas al proceso de producción de amoníaco. Cuando se utiliza gas natural como materia prima, se generan importantes cantidades de CO₂, un gas de efecto invernadero que permanece en la atmósfera durante décadas e incluso siglos, contribuyendo al cambio climático.

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En entrevista con El Sabueso, Francisco Xavier Martínez, co-coordinador de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), señala que este tipo de proyectos deben evaluarse bajo distintos marcos legales y de derechos humanos, especialmente cuando existen comunidades indígenas o equiparables en la zona.

“De acuerdo con estándares internacionales, estos procesos no deben limitarse a consultas informativas, sino que pueden requerir el consentimiento de las comunidades cuando los proyectos implican transformaciones profundas en su territorio y forma de vida”, específica Francisco Xavier.

Sostiene que la evaluación de impacto ambiental debe realizarse con base en la “mejor ciencia disponible” e incorporar el conocimiento de las comunidades para apegarse a los estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú —-primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe con disposiciones para proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales como el acceso a la información y la participación pública en estos asuntos.

El especialista también advierte que la legislación ambiental debe considerar impactos acumulativos, evitar la fragmentación de proyectos y evaluar de forma integral el alcance territorial de los posibles efectos.

“Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano que les permita desarrollarse plenamente, realizar sus actividades cotidianas y acceder a una calidad de vida y bienestar social adecuados”. Este derecho está reconocido en el artículo 4º de la Constitución mexicana, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, asegura Brenda Jacobo.

Asimismo, la Constitución señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a este derecho. Esto implica que las autoridades deben vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, prevenir y sancionar posibles afectaciones al entorno, así como proteger los ecosistemas y promover la reparación de los daños cuando éstos ocurran.

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Brenda Jacobo explica que para construir estos proyectos de manera correcta deben considerarse los siguientes criterios:

Que el lugar sea realmente adecuado. “No todos los lugares o ecosistemas son compatibles con la industria química de alto riesgo”, ejemplifica.

La cercanía con las comunidades. Los proyectos industriales que manejan sustancias peligrosas deben considerar distancias de seguridad y medidas de prevención para reducir los riesgos a la población que habita en zonas cercanas.

Qué tipo de ecosistemas rodean a las instalaciones. Es necesario determinar si el proyecto se ubica dentro de un área de conservación, en una zona prioritaria para la biodiversidad o cerca de un Área Natural Protegida (ANP), ya que estos elementos pueden incrementar la vulnerabilidad ambiental ante cualquier incidente o impacto derivado de la operación de la planta.

La disponibilidad del agua. La producción de amoníaco requiere grandes volúmenes de este recurso, por ello es indispensable evaluar si la región cuenta con suficiente disponibilidad hídrica para abastecer tanto a la industria como a las necesidades de la población y los ecosistemas. “En zonas que enfrentan crisis hídricas o periodos recurrentes de sequía, la instalación de proyectos de esta magnitud puede aumentar la presión sobre las fuentes de agua existentes y generar conflictos por su uso”, afirma.

Ambos especialistas consideran fundamental que las personas que habitan en las zonas donde se pretende instalar una planta de amoníaco tengan acceso oportuno a información clara, completa y comprensible sobre los alcances y riesgos del proyecto.

Esta información, señalan, no debe presentarse únicamente en términos técnicos o especializados, ya que esto puede dificultar que las comunidades comprendan plenamente las implicaciones de una obra que podría afectar su entorno y su calidad de vida. Brenda Jacobo asegura que “cuando se trata de proyectos con posibles impactos ambientales y sociales, el acceso a información accesible es una condición indispensable para garantizar procesos de consulta informados y equitativos”.

Por su parte, Francisco Xavier dice que “la seguridad y viabilidad de estos proyectos no pueden definirse únicamente desde instancias técnicas o administrativas, sino que deben incorporar el conocimiento y las preocupaciones de las comunidades potencialmente afectadas”.

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