CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Los 800 millones de pesos que el gobierno federal anunció para Oaxaca, en respuesta a planteamientos de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), podrían destinarse a llevar servicios básicos a unas 3 mil 100 escuelas, financiar el mantenimiento anual de cerca de 3 mil 500 planteles o cubrir gran parte de las necesidades de conectividad de los centros educativos de la entidad, aseguró Mexicanos Primero.

La organización consideró en un comunicado que la asignación extraordinaria de recursos representa una oportunidad para atender rezagos históricos que afectan el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños, aunque advirtió que el éxito de la inversión dependerá de que exista una planeación rigurosa, metas verificables y mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

Hace un par de días, la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades educativas federales anunciaron una bolsa extraordinaria de 800 millones de pesos para el sistema educativo de Oaxaca, recurso que, de acuerdo con dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, será destinado a la contratación de personal docente y a diversas necesidades educativas de la entidad.

En un análisis, Mexicanos Primero señaló que Oaxaca enfrenta algunos de los mayores desafíos educativos del país debido a la combinación de pobreza, dispersión poblacional y alta presencia de comunidades indígenas. La entidad cuenta con más de 4.1 millones de habitantes, 570 municipios y una población mayoritariamente rural, además de que alrededor de dos terceras partes de sus habitantes se autoidentifican como indígenas.

Los indicadores educativos reflejan estos rezagos. Oaxaca registra un promedio de escolaridad de 8.5 años, por debajo de la media nacional de 9.7 años, mientras que la tasa de analfabetismo alcanza 11.2 por ciento de la población de 15 años y más, una de las más elevadas del país.

Destacó que el sistema educativo estatal atiende a más de 809 mil estudiantes de educación básica pública a través de 13 mil 141 escuelas y 56 mil 16 docentes. Además, más de 179 mil alumnos cursan estudios en modalidades indígenas de preescolar y primaria.

Entre las principales carencias identificadas se encuentran las deficiencias de infraestructura. Apenas 20.3 por ciento de los preescolares públicos, 28.8 por ciento de las primarias y 33.3 por ciento de las secundarias cuentan con servicios básicos completos. En los planteles indígenas las cifras son aún menores.

También persisten rezagos importantes en materia de inclusión. Solo 0.65 por ciento de los preescolares, 2.5 por ciento de las primarias y 3.4 por ciento de las secundarias disponen de infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad.

La brecha digital representa otro de los principales obstáculos para el aprendizaje. De acuerdo con Mexicanos Primero, únicamente 1.1 por ciento de las escuelas públicas de educación básica en Oaxaca cuenta con acceso a internet, mientras que en los planteles indígenas la conectividad es prácticamente inexistente.

Ante este panorama, la organización planteó que los recursos extraordinarios podrían utilizarse para garantizar agua potable, electricidad y sanitarios funcionales; rehabilitar escuelas con deterioro estructural; dotar de conectividad a planteles rurales e indígenas; adecuar espacios para estudiantes con discapacidad; fortalecer escuelas multigrado y cubrir vacantes docentes en zonas de difícil acceso.

Asimismo, señaló que los recursos podrían destinarse a programas de recuperación de aprendizajes afectados por las constantes interrupciones de clases, así como a fortalecer la formación continua de los maestros.

Según sus estimaciones, una bolsa de 800 millones de pesos permitiría adaptar más de 21 mil escuelas para personas con discapacidad, cubrir alrededor de 84 por ciento del costo anual de internet para los planteles públicos sin conectividad pedagógica o adquirir cerca de 160 mil computadoras y tabletas para uso educativo.

Mexicanos Primero advirtió que sin objetivos claros y mecanismos de supervisión, la inversión corre el riesgo de convertirse en una oportunidad desaprovechada para reducir las desigualdades educativas que afectan a Oaxaca desde hace décadas.

"La asignación extraordinaria de recursos debe traducirse en mejoras concretas para las condiciones de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, particularmente en las comunidades indígenas y rurales donde se concentran las mayores carencias", sostuvo.