El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, propuso la edificación de una “megaprisión” que sería exclusiva para narcopolíticos y extorsionadores, así como aplicar la cadena perpetua.

Durante la presentación con miras al proceso electoral federal del año 2027, Romero Herrera señaló un proyecto que consta de 111 propuestas de política pública, entre ellas el establecimiento de un tope fiscal para fijar el precio de la gasolina en 18 pesos por litro.

Lee: Acusación contra Rubén Rocha Moya: ¿Se puede extraditar de México a un gobernador en funciones?

“Simplemente porque entendemos que el castigo debe de ser ejemplar para todo aquel miserable que juró cuidar de ti y de tu familia y acabe siendo el que patrocine, cuide o comande a los que la lastiman. De igual manera proponemos cadena perpetua a extorsionadores y cobradores de piso. (…) El PAN propone la megaprisión exclusiva para todos ellos, esperando que nunca jamás vuelvan a estar en libertad”, comentó el dirigente nacional.

Añadió que el PAN es consciente de lo que realiza, por lo que dicha medida es un castigo para políticos.

Antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, el caso ha derivado en renuncias temporales, investigaciones abiertas en México y la entrega voluntaria de algunos implicados ante autoridades estadounidenses.

El expediente, radicado en Nueva York, señala presuntos acuerdos entre integrantes del gobierno sinaloense y la facción criminal de “Los Chapitos”, a quienes supuestamente se habría brindado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos.

Lee más: El exsecretario de Finanzas de Rocha Moya ganó 120 mdp en tres años: 1 % de su salario, 99 % de negocios privados

El 29 de abril de este 2026, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los delitos de los que se señala van desde conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas y, en uno de los casos, por asesinato.

El 29 de abril, el gobernador Rubén Rocha Moya se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones en ser señalado por el gobierno de Estados Unidos.

El gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo, luego de que su nombre apareciera dentro de la acusación estadounidense. El mandatario fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde, quien era secretaria general de la administración.

La investigación lo señala de presuntamente haber comprometido posiciones dentro de su administración a favor de perfiles ligados al grupo criminal y de facilitar condiciones de impunidad para sus operaciones.

Te podría interesar: No es solo Rocha Moya: ¿quiénes son los otros nueve funcionarios acusados de tráfico de drogas en Estados Unidos?

Desde su separación del cargo no ha sido visto en público y su paradero ha sido cuestionado por medios de comunicación y la oposición.

Paralela a la investigación de Estados Unidos, el Gobierno de México inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado el pasado 26 de mayo a comparecer ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.

El gobernador publicó vía X que había acudido a la cita con las autoridades federales, sin embargo, no fue visto al entrar o al salir de las instalaciones de la FGR en Culiacán.