Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional para excluir de las elecciones a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional, anunció este lunes la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios. La votación del proyecto estaba prevista originalmente para inicios de agosto.

"Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días" de septiembre, dijo Murillo a un medio estatal.

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La copresidenta Rosario Murillo anunció que la votación de la reforma para prohibir la participación opositora se aplazó hasta septiembre. (Foto: AFP)

La copresidenta y esposa de Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta este lunes al cuerpo diplomático extranjero en el país en un "encuentro respetuoso y amistoso".

Medios oficialistas nicaragüenses publicaron fotografías de la reunión entre representantes de embajadas y organismos internacionales, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ministros y Laureano Ortega, uno de los hijos de la pareja presidencial y actual asesor de inversiones y comercio.

El resto de consultas incluirán a la Corte Suprema, el Ejército, la Policía, sectores empresariales, bancarios, iglesias y pueblos indígenas, entre otros, mencionó Murillo.

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, abrió un proceso de consulta para afinar la iniciativa que impedirá candidaturas adversas. (Foto: AFP)

La congresista republicana estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, rechazó el encuentro con los diplomáticos "para escuchar otra farsa del régimen". "No legitimen una dictadura que ya ni siquiera pretende esconder lo que es", agregó en la red social X.

Varios países y organizaciones internacionales rechazaron la intención de Ortega -un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi 20 años- de dejar por fuera de las elecciones a los partidos opositores.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar pidió al cuerpo diplomático extranjero no legitimar al gobierno nicaragüense. (Foto: Facebook | María Elvira Salazar)

Estados Unidos advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" frente a la "dictadura", mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales".

Nicaragua tildó esas críticas de "injerencistas e imperialistas". "No somos vasallos de nadie", respondió a la UE.

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Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua y Cuba tan pronto tome el poder el 7 de agosto. Afirmó que no mantendrá "vínculo alguno con tiranías".

Frente al intento oficialista de excluir a los opositores, Estados Unidos y la Unión Europea exigieron a Nicaragua celebrar elecciones libres. (Foto: AFP)

Consultada este lunes sobre la propuesta de Ortega, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza".

"Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces (…) Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir, pues cada país decide", aseguró la mandataria izquierdista.

Nicaragua debía ir elecciones generales en noviembre próximo, pero hace un año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum apeló a la "autodeterminación" de cada país al ser cuestionada sobre la reforma en Nicaragua. (Foto: Cuartoscuro)

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.

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